Sin ánimo de ser un relato histórico la siguiente crónica es simplemente
una visión en perspectiva, de una vivencia personal y comunitaria en clave
periodística de los hechos que impactaron a los correntinos en 1999. El haber
tenido como condimento no solo los intereses políticos y económicos de por
medio, sino también el obligado encolumnamiento a determinado sector, hizo que
la sociedad no pudiera liberarse de los relatos de esa época, y tomara partido,
equivocadamente o no, por uno u otro bando. Nadie fue neutral en ese año, y el
que lo era, quedaba excluido, relegado o debía irse. Yo lo hice.
Por Fredy Miranda –Corrientes, Junio de 2019
I - Las causas
Los
acontecimientos políticos y sociales de 1999 en Corrientes no fueron un hecho
nuevo en su historia, en una provincia que se caracterizó por profundos
conflictos políticos palaciegos, si se puede llamar palacios a aquellos
edificios públicos más parecidos a casonas coloniales en medio del rancherío de
siempre.
En 1999
Corrientes ingresaba en su última crisis política que culminó como todas, en
una intervención federal, como si el remedio constitucional fuera la solución de
todas las cosas, cuestión que esta vez no fue la excepción: la crisis se profundizó.
Pero ese año
no estuvo aislado de los anteriores.
Corrientes
había sufrido ocho años antes una crisis política casi similar, en medio de los
problemas económicos y políticos del país, con el advenimiento del menemismo y
los últimos estertores de la hiperinflación. Una deuda galopante acarreada de
los primeros años de democracia, dejaron siempre al descubierto la endeblez y
dependencia del estado provincial de los recursos de la coparticipación
federal, que como siempre, fueron escasos para el gasto fiscal de una provincia
que nunca tuvo su propia solvencia.
Ya en pleno
gobierno de Ricardo Leconte (1987-1991) los maestros habían ensayado marchas
multitudinarias, con Graciela Scotto a la cabeza de la Asociación Correntina de
Docentes Provinciales (ACDP), poniendo en vilo a la administración liberal que dependía
exclusivamente de esos escasos fondos.
Una serie de
negociaciones permitieron a las administraciones de José Antonio “Pocho” Romero
Feris y Ricardo Leconte contraer deudas, empréstitos y bonos ofrecidos por la Nación
para poder hacer frente a los compromisos salariales. Un alineamiento con la
administración de Ricardo Alfonsín ayudó a sobrellevar no sin algunas
peripecias la hiperinflación, y cargó las arcas de la gestión del Pacto
Autonomista Liberal de lo necesario para encarar algún desarrollo, con los
vicios propios del conservadorismo: el gobierno de amigos y el clientelismo
político como práctica que nunca dejó de usarse para mantenerse en el poder por
parte de todas las fuerzas políticas sin excepción.
Lo mismo
ocurrió en las intervenciones federales subsiguientes de Durañona y Vedia, Claudia Bello y Santiago Ideler
Tonelli, que sacrificaron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en los bolsillos
hambrientos de los estatales correntinos, quienes fueron persistentemente a
reclamarles en medio de las intrigas de poder entre el Pacto conservador y el
PJ menemista, en casi dos años de una lucha electoral signada por un sistema
arcaico de elección indirecta.
II - La deuda y la gestación de la grieta
Cuando Raúl
Romero Feris - uno de los protagonistas del 99 y de una historia que aún no
culmina - asume el gobierno en 1993, se encuentra con las arcas vacías y
sueldos sin pagar dejados por la intervención federal anterior.
La buena
amistad que tejiera con Carlos Menem, - quien fuera su más enconado adversario,
- de inmediato a las tres elecciones en las que compitió con Alberto Di Filippo
y al que el Presidente había apoyado, logró posicionar el tesoro provincial en
mejor forma para iniciar un rápido proceso de recuperación. Una serie de
medidas de contención del gasto público y un descuento compulsivo a los
estatales del 25%, que luego fue devuelto, hizo arrancar la economía interna
del Estado provincial.
Nuevos
empréstitos con el Banco Mundial y el BID permitieron avanzar con las obras
estratégicas, y a pesar de los cimbronazos de las crisis internacionales como
el “efecto Tequila” y el “efecto Caipirinha”, en alusión a las devaluaciones
producidas por la caída de las Bolsas de México y Brasil respectivamente,
pudieron dejar un panorama un poco más ordenado en lo que a funcionamiento del
Estado se refiere.
Claro que por
esos tiempos ya se vislumbraba lo que se vendría hacia el final del siglo: el
comienzo de los vencimientos de la deuda pública de la provincia, aquella
contraída en la década pasada por el PAL y las intervenciones, y que
comenzarían a operar en 1999 con el aval de la coparticipación federal.
Si no
ingresaban fondos frescos de otras fuentes, Corrientes entraría en default
total, como finalmente ocurrió en el primer semestre de ese año. La población no era consciente de ello y en
su gran mayoría la desconocía y no se imaginaba, por ende, de los efectos.
Esta
circunstancia hacía imperioso refinanciar las deudas, renegociar los bonos externos
o venderlos a buen precio, de tal manera de afrontar las acreencias externas
sin afectar el goteo federal que por ese entonces, en el último período menemista,
se preveía como de inminente colapso.
En toda la
historia correntina se ha sucedido una constante cual es la anticipación a las crisis
nacionales. Así como ha ido en contramano de los hechos en el país, también lo
fue como anticipo de lo que luego ocurriría en la Nación.
Un solo ejemplo
basta para graficar. El Correntinazo de 1969 con la muerte del estudiante Juan José
Cabral y el levantamiento de los claustros universitarios contra el régimen de
Onganía, sería la antesala del levantamiento del Cordobazo meses más tarde, con
la incorporación de las masas de trabajadores a la protesta social que terminó
en el fin de la dictadura militar de la Revolución Argentina años después.
De la misma forma,
el colapso económico institucional de 1999 en Corrientes tuvo su correlato nacional
más tarde en el 2001, con la salida intempestiva del gobierno de Fernando de la
Rúa.
III- La grieta y el golpe
Si bien todo
se cocinaba a fuego lento como un proceso económico que debía ser solucionado o
eclosionaba en crisis social, la volatilidad de la economía hacía prever que si
no se tomaban urgentes acciones antes de 1998, Corrientes corría peligro. Lo peor al fin de cuentas, terminó
ocurriendo.
Precisamente,
a sabiendas de esa situación, se fue gestando un golpe de estado desde la oposición
a Romero Feris, que por ese entonces no tenía mayoría en las cámaras
legislativas tras sus encontronazos con los sectores conservadores del Pacto
Autonomista Liberal y un acompañamiento colateral de sectores rebeldes del PJ.
Tras su triunfo
por más del 70 % del electorado en la Capital, y luego de una aplastante segunda vuelta impulsada por
la muerte del candidato Rubén Darío Casco en plena campaña, curiosamente culminó
con un gobierno sin fortaleza política, como lo fue el de Pedro Braillard
Poccard que asumiera en 1997 sin el respaldo legislativo necesario para imponer
su mayoría en las cámaras.
Siguiendo una
vieja estrategia de manual, las fuerzas conservadoras atacaron por venganza por
el lugar más débil: a Braillard Poccard en su cargo y a la economía, en su base.
Visto desde la
oposición aparecían como puntos débiles de la nueva administración la pertenencia
política de Braillard a un Partido Nuevo con cabeza en la Municipalidad de
Corrientes donde residía el jefe político Raúl Romero Feris; y los bonos de
deuda que se pretendían negociar en Estados Unidos para oxigenar el Tesoro.
Recordemos que era la deuda de arrastre que desde 1983 -y de antes también- estaba
a punto de vencer, y era una espada de Damocles sobre las gestiones
subsiguientes. Unos 1.400 millones de dólares que debían reprogramarse sí o sí.
Meses antes una
carta del presidente del senado correntino, el liberal Luis María Díaz
Colodrero a los interesados compradores internacionales de bonos de la deuda, diciendo
que la Legislatura no iba a convalidar su negociación, echó por tierra la misma,
por lo que el gobierno y el futuro quedaron descalzados e indefensos para
intentar una proyección a futuro, si no ocurriera una negociación urgente con
la oposición que, consciente de su poder, se cerraba sobre sí misma.
De allí, al
conflicto social no había más que un paso, pues al no haber fondos en la
provincia, cooptados por el aval que se había dado de la coparticipación
federal, la sequedad de las arcas correntinas era un hecho en 1999.
Todo fue premeditado, era previsible, y todos los actores políticos
estaban al tanto del proceso que se había lanzado: la toma del poder por parte
de la oposición por fuera de las elecciones, en venganza a la pérdida del mismo
que habían sufrido al desprenderse Raúl Romero Feris del status quo que gobernó
durante décadas, y al alcanzar la preferencia de más del 75 % del electorado en
1997.
A la vez,
venganzas personales como la del dirigente justicialista Rodolfo Martínez
Llano, al que años antes Raúl Romero Feris
lo había denunciado en un caso de pedido de coimas para aprobar un crédito del
Banco Mundial para obras públicas, - y que finalmente fue aprobado por la
bancada del PJ previa expulsión del diputado -, y un encono abierto con la
cúpula del Partido Liberal, y con su hermano José Antonio Romero Feris del
Partido Autonomista, por haber alejado del poder a los políticos tradicionales y
a sus intereses con empresarios de la “cementocracia” vernácula, representada
por quienes habían sido excluidos de las obras públicas más importantes del
Estado, por acusar sobreprecios.
A la crisis
que se veía venir, se sumó un año de grandes inundaciones que azotó a la
región, con crecidas de ríos, abundantes lluvias y la consiguiente destrucción
del potencial productivo de la provincia, la caída de la economía nacional, un
recambio institucional en el país que dejaba grandes incertidumbres y al final,
una Argentina devastada por la deuda pública contraída por la Nación y las
provincias en el menemato, que anticipaba años difíciles, como finalmente sucedió
en 2001.
IV – 1999, la hora de la venganza
Hasta aquí,
es evidente que los acontecimientos de 1999 no fueron aislados sino parte de un
largo proceso que comenzó a tocar fondo ese año.
Aquellos que veían
la oportunidad de tomar venganza y hacerse del poder, antes de perder
completamente la oportunidad de su pertenencia, decidieron incursionar por ese
lado más débil.
En los
primeros meses de 1999 comenzaron los primeros cabezazos. Los pagos a
proveedores se venían atrasando desde el año anterior, se disminuyó el ritmo de
obras públicas sin financiamiento y se priorizó el pago de sueldos estatales.
En el segundo
trimestre comenzó el pago a goteo de las escalas salariales cada vez más
espaciadas. Veinte millones de pesos se descontaban por mes de la coparticipación
federal a Corrientes, representando más del 80 % de sus ingresos.
Hasta que,
desde mayo en adelante, el retraso se hizo incontrolable. Primero un mes, luego
dos y hasta se llegó a adeudar cuatro sueldos cuando ya el gobierno había caído
en manos de la Coalición.
V - La Coalición
El entramado
político golpista se fue tejiendo entre varios sectores, pero en dos determinantes:
el político-clerical y el síndico-estatal. En este último podemos hallar al
frente judicial encabezado por algunos jueces, el SITRAJ y ATE.
Por un lado,
el político teniendo como cabeza a Pocho Romero Feris, Ricardo Leconte, Rodolfo
Martínez Llano y algunos sectores del peronismo y el radicalismo como central
de comando, al que luego se sumaron con menor participación en el reparto,
algunos de la izquierda vernácula. No hay que soslayar a la cúpula local de la
Iglesia en la Capital, que de la mano de Monseñor Domingo Salvador Castagna se
inclinó por los sectores sindicales, y que luego que no recibiera fondos
estatales de sueldos de las escuelas católicas subvencionadas por el Estado,
apoyó desde atrás a la rebelión a través de la figura del cura Jorge
Scaramelllini Guerrero Leconte Reina, a la sazón representante de las mismas.
La dirigencia
del PJ tardó en sumarse, más bien atenta a los mandatos que venían desde la
Casa Rosada, y que en Corrientes seguían las instrucciones de su presidente
Ángel Pardo. Menem sostuvo a Tato, aunque el Presidente venía ya falto de
fuerza política y económica.
El núcleo
duro de la política sumó al sindicalismo descontento con la pérdida de los
fondos a los que accedían mediante los descuentos automáticos en los sueldos de
los estatales, desfinanciados y sin posibilidad de maniobrar para actividades
sindicales. Fueron los primeros en iniciar las marchas envalentonados por
algunas medidas nacionales: la histórica y persistente Carpa Blanca de Ctera la
tomó Suteco en la provincia, ATE regida por los problemas entre la CGT y la
CTA, asumió su rol opositor, y otros gremios menores sumaron banderas y
organizaciones a lo que después fue la llamada “Plaza de la Dignidad”, adonde
abundaban las carpas, las ollas populares, y los debates con alto contenido
político, en un año que era también electoral. De hecho, todos los políticos de
la oposición compartían horas con los acampantes. Tras el desprestigio del
Gobierno de Coalición y al no poder cumplir sus promesas terminaron alejándose
cada vez más del predio de la Plaza 25 de Mayo.
No hay que
olvidar que el enardecimiento surgió en esos ámbitos. En vez de calmar y aportar
a la paz social, los actores fueron subiendo el tono. A cada acción sobrevino
una reacción, más fuerte y acalorada. No había ámbito adonde no se obligara a
tomar postura por uno u otro bando, y los correntinos sufrieron una grieta que
terminó despedazando amistades, familias, círculos y lugares que deberían ser
de encuentro.
En solo seis
meses de esa gestión se sucedieron los más enconados enfrentamientos, la lucha
del nuevismo por recuperar el gobierno, y la represión y persecución constante,
el encarcelamiento de dirigentes naranjas y la lluvia de causas penales que
cayeron en dos juzgados habilitados al efecto: el de Mario Payes y el de Juan
Manuel Segovia, indicados para recibirlas e impulsarlas.
La mayoría
prescribieron por el paso del tiempo, otras terminaron en sobreseimientos en
los tribunales superiores y algunas, las menos,
continuaron su marcha con condenas que nunca quedaron firmes.
Nuevamente
Corrientes estrenaba un anticipo: la misma catarata de causas judiciales contra
ex funcionarios se repetiría 15 años después en la nación contra el
Kirchnerismo, con razones válidas o no, pero siguiendo un mismo parámetro: el
uso de la Justicia como ariete político.
VI- La grieta correntina del 99
La grieta lo
rompió todo. La necesidad económica dejó sin horizonte a los más débiles
empleados públicos, y muchos se refugiaron en el misticismo para hallar una
solución a sus angustias económicas, tanto que acudían a las imágenes
religiosas y rezos como única esperanza.
Pulularon las
casas de préstamos y los que tenían alguna regularidad en sus ingresos
terminaron siendo garantes de empréstitos para sus familiares que se quedaban
sumidos en deuda, generando un encadenamiento de obligaciones y trasladando la
crisis a otros sectores de la economía.
El atraso de
sueldo de un mes tan solo ya significaba tasas de interés en las surgentes
tarjetas de crédito, y la toma de préstamos implicaba de hecho no poder
pagarlos al sumarse más meses atrasados, lo que acrecentaba el agujero negro de
las familias. Con cuatro sueldos sin cobrar, la vida de muchos quedó más que
afectada por años.
La violencia
se apoderó de algunos. De la verbal en alguna radio que arengaba a los manifestantes
opositores, se pasó a la acción de grupos de choque que apedreaban casas,
apretaban a los maestros que no se sumaban al paro, amenazaban a los que no
tomaban partido, y rompían y atacaban lo que significaba algo del otro bando.
Todos estaban
obligados a tomar partido, y si no a callar o marcharse.
Es lo que también
viví. En esos tiempos alejado temporariamente de mi profesión y ejerciendo un
cargo público, me tocó ver sin neutralidad a las masas arrojarse entre sí. En
la Plaza, en la Legislatura, en una reunión de padres de una escuela, hasta que
recibí una alerta de dos colegas:
-
” o te quedás quieto y no decís nada
o te armamos una causa”, me dijeron mi amigo Daniel Bruno y su compañero
Gustavo Ojeda, del grupo de Martínez Llano, en la esquina de San Juan y
Quintana, tras avisarme que yo “estaba limpio de antecedentes” y no debía temer
. “Pero, adonde levantás la cabeza….” me susurraron.
Una jornada
signada por bombas de estruendo de sindicalistas dentro de una escuela adonde
iban mis hijos, me decidió a que los sacara de Corrientes y los enviara a
Misiones a continuar sus estudios.
Tras los
acontecimientos del ataque a Radio Sudamericana, que fuera irrumpida por una
horda descontenta con Natalio Aides, y en medio de una zona liberada por la
Policía, cuyo jefe era el Comisario General Amadeo Smirt Amarilla (ascendido
saltando varias jerarquías al máximo cargo, purga policial de por medio) opté
por abandonar también yo a Corrientes, y
volver a mi ciudad natal para trabajar allí, aunque retornaba periódicamente a la
ciudad pues seguía cubriendo los hechos que acontecían para LT 4 Radiodifusora
Misiones, donde era director el señor Julio Burna, luego Subsecretario de
Información Pública en los gobiernos de Ricardo Colombi y a la fecha.
VI – Camino al golpe de 1999
Del lado del
gobierno en crisis, si bien lidiaban con tratar de obtener fondos extras del
gobierno nacional para satisfacer la sangría que se iba produciendo por los
descuentos a la Coparticipación por parte de los bancos acreedores, los gestos
políticos no alcanzaban y por el contrario enardecían los ánimos. Renunciaron
algunos ministros, se cedía a pedidos en las cámaras, pero desde la oposición
iban por lo innegociable: la no obediencia al líder naranja Tato Romero Feris.
Las marchas y
movilizaciones multitudinarias del partido oficial dejaban en evidencia el
estado de nerviosismo que generaba tener a la oposición ganando las calles. El
enclave de la plaza 25 de mayo fue precedido días antes (el 20 de mayo) por una intentona similar
en la plaza homónima de Resistencia, adonde el gobernador radical Ángel Rozas
arrojó de la misma a los manifestantes con palos y gases lacrimógenos. La acción
había traído severas advertencias y reproches desde la Nación por lo salvaje de
la represalia. Una acción similar en Corrientes, podría haber tenido peores
consecuencias políticas a un aliado del gobierno nacional.
Por un lado,
eso. Por otro, la falta de reacción eficaz a una cuestión política y económica,
la falta de negociadores u operadores políticos para mantener el avance golpista
en las cámaras hacia los legisladores del PJ y del PL en pos de mantenerlos en
el redil oficialista, la virulencia del discurso en las sesiones, y las
reacciones de los grupos de choque armados desde la vice intendencia capitalina
de seguidores de Lucía Ortega, no ayudaban a un clima de pacificación, sino que
ensancharon el enfrentamiento que tendía a generalizarse.
Unos y otros foguearon
el desastre. La policía finalmente cayó en la rotura de la cadena de mandos.
Con órdenes contradictorias, en algún momento los mandos medios se negaban a
actuar reprimiendo. La posibilidad y avidez que generaba un cargo superior al
que acceder si cambiaba el gobierno alimentó la interna policial, y meses más
tarde pasaron algunos de Comisarios a Comisarios Generales, desplazando a toda
una camada de oficiales de por medio.
Algunos
jueces con filiación política anterior tomaron partido. La mayoría provenían
del Pacto y a él respondieron. Salvo el Superior Tribunal que supo mantener su neutralidad
muy pocos no sucumbieron a la ola golpista.
El senado
provincial fue el ariete institucional. Con Rubén Perié (amigo íntimo de
Martínez Llano) y sus ganas de ser gobernador el PJ quedó dividido. Tuvieron
que bajar mediadores como el pampeano Rubén Marín, enviado por el Consejo
Nacional Justicialista, para tratar de
frenar la embestida contra el gobernador.
Pero las
negociaciones no avanzaron. Algunas sesiones hasta debieron realizarse en la
Jefatura de Policía, adonde concurrió el gobernador, no sin antes pasar por el
medio de la Plaza y recibir insultos y piedrazos.
Allí le exigieron
que renunciara a continuar bajo la influencia de Romero Feris, o le bajarían el
pulgar e iniciarían el proceso de juicio político y destitución de la fórmula
gubernativa.
Se blandieron
armas por parte de los políticos. Rodolfo Martínez Llano exhibiendo un arma en
la cintura, y del otro sector el diputado “Chingolo” Díaz Colodrero (PJ)
también con un arma en puño, mostraba el grado de arrogancia e insensatez que
se rondaba. Hasta decían que había un arsenal en la Legislatura y por primera
vez en la historia se allanaron despachos de diputados por sobre sus fueros en
busca de armamento, sin ningún éxito. No hubo enfrentamientos armados por poco.
Pero sí hubo una cabecera de playa previa a una de las sesiones que intentó el
PaNu, que fue resistida por los anteriores ocupantes y no terminó en tragedia de
milagro.
VII- La espiral de la Violencia
Intentar una
secuencia de los hechos es describir solo una espiral de violencia que iba
creciendo día a día, azuzada por los enfrentamientos de políticos en los
micrófonos y diarios, la presencia de manifestantes en las calles y el paso de
los días con el atraso de los sueldos. La operación “toma del poder” pergeñada
años antes por la oposición iba dando resultados y el gobierno se deterioraba
día a día.
Al faltante
de los sueldos se le endilgaba una sola causa por parte de los golpistas: “se
robaron todo”. Así, desde Tato para abajo aparecieron funcionarios y militantes
en listas de ricos hechos supuestamente con dinero del Estado. Se presentaron
las primeras causas de enriquecimiento ilícito, de asociación ilícita, y se
iniciaron procesos penales contra funcionarios nuevistas. Contaban con el aval
judicial del SITRAJ, convertido en facilitador de los trámites en los estrados,
y más tarde colaborador íntimo del juez Mario Payes, asumido al cargo tras una
maniobra política mientras era funcionario del gabinete de Rubén Perié, y
nombrado por éste usando su doble calidad de gobernador y senador a la vez, pues
ejerció los dos poderes para su nombramiento, algo prohibido por la
Constitución y el principio de la división de poderes.
VIII-La caída
El golpe de
mano lo dieron los sindicatos, presentando un pedido de juicio político al
gobernador primero, y al vice después. Antes habían hecho lo mismo con tres
ministros, la de Hacienda Zunilda Míguez, el de Salud, Juan Pedro Schaerer, y
la de Educación Lidia Romero Feris de Cotelo. Éstos terminaron renunciando para
no caer en el escarnio de un juicio político.
Entre los primeros firmantes figura alguien que luego
llegaría a ser vicegobernador 15 años más tarde: Gustavo Canteros de AMET,
gremialista que el mismo Tato Romero Feris había ayudado a consolidar tras el
traspaso de las escuelas técnicas nacionales a la provincia. El motivo: el
recorte de aportes sindicales.
Así, el movimiento de pinzas político-sindical, logró
sumar los votos necesarios con el apoyo de un grupo de acampantes de la Plaza,
para iniciar los días del juicio político a Pedro Braillard Poccard y al vice
Víctor Hugo Maidana por “falta de idoneidad” y varios delitos contra la
administración pública. Los que contribuyeron al golpe fueron 18 diputados de
los 26: seis
legisladores justicialistas, siete del Pacto (tres liberales y 4 autonomistas),
cuatro radicales y uno del cavallismo.
De nada
sirvió la defensa jurídica y argumentos de ambos en su defensa. Los votos
necesarios estaban y se los suspendió en el cargo el 19 de junio. Ese año no
hubo acto popular del Día de la Bandera. Hacía rato el paño celeste y blanco de
la Unidad de los argentinos, había sido arriado en Corrientes.
Tras ello, y al asumir Perié, se ordenó la
inmediata intervención de la Municipalidad de Corrientes y de su ocupante que
había llegado allí por una cantidad histórica de más del 75% del electorado con
el dominio absoluto del Concejo Deliberante.
Tato quedó
internado en el Instituto de Cardiología el 4 de julio, adonde una comisión
policial fue a ponerlo preso por una orden del juez Juan Manuel Segovia,
emparentado al Partido Autonomista anteriormente. En esa condición fue
trasladado para su recuperación cardíaca al Sanatorio del Norte adonde quedó
alojado con prisión preventiva hasta su envío por casi tres años al Escuadrón
48 de Gendarmería Nacional. Desde allí se convertiría en el feroz opositor a la
Coalición, a la que venció en las elecciones de octubre. También se impuso a la
posterior elección convocada por la intervención federal de Ramón Mestre y
Oscar Aguad, y extendería su enfrentamiento en elecciones de doble vuelta con
Ricardo Colombi, quien le birló la gobernación en 2001. Una historia de alter
egos que se extendió por casi veinte
años después, con condenas judiciales anunciadas y digitadas, y amenazas de
encarcelamiento que luego se cumplieron.
Claro que con
el advenimiento del Gobierno de la Coalición, una feroz persecución a todo lo
que se emparentara con el “nuevismo”, y cuya pertenencia significaba ser parte
del “régimen”, y por lo tanto ser excluido de toda ayuda estatal, y lo que es
peor plausible de ser denunciado y encarcelado, dejó una grieta insondable en
muchas personas que por el solo hecho de haber tenido alguna vinculación
“naranja”, pasaba a por lo menos tener lepra.
Esta
admonición se extendió por más de una década, y aún hoy sigue siendo una mácula
con la que algunos sectores políticos, cada vez menos según transcurren las
generaciones, miran al nuevismo.
Se iniciaron
causas penales por doquier contra ex funcionarios, militantes y simpatizantes.
Se echó del trabajo por un decretazo a más de 10 mil empleados públicos
nombrados por la anterior gestión, y se pauperizó el campo, la producción y
todos los emprendimientos de índole social, solo por tener el signo opositor.
Las listas negras no permitían ningún tipo de supervivencia, y mucha gente
terminó emigrando a otras provincias en busca de un mejor horizonte que en su
propia tierra.
No solo cayó
un gobierno. Cayó la democracia, y se perdieron 20 años, en los que aumentó la
pobreza, proliferaron los asentamientos, las tomas de tierra y el crecimiento
de las villas miseria, cayeron los índices de la producción y se estancó el
desarrollo provincial.
IX – El desastre de la Coalición
Los sueldos
no se regularizaron durante la Coalición como esperaban desde la Plaza con el
cambio de gobierno. La reticencia de un Menem en retirada a enviar más fondos a
un agujero negro como era Corrientes, hizo que siguieran atrasados.
Se acusó de
ello entonces a la anterior gestión: “es la plata que se robaron”, decían para
justificar la falta de efectivo en las arcas, mientras se nombraba un triunvirato
por cada cargo público. En la Municipalidad de Corrientes intervenida por la
Legislatura se colocaron tres interventores: Uno del Pacto, otro del PJ y otro
de la UCR, en simultáneo, y así en cada organismo. La Coalición fue por los los
cargos del poder más que por la solución de la situación desesperante de la
población quebrada económicamente.
Esto se
extendió por un período que llegó a su fin en Diciembre con el advenimiento de
la Intervención Federal, pergeñada desde la UCR y el gobierno de Perié, y para
cortar una salida “a la correntina” en la nueva composición de la Legislatura
luego de las elecciones de octubre.
En el
interregno de la Coalición y en medio de la crisis económica y las
persecuciones, se paralizaron todas las obras públicas, se detuvo la asignación
a servicios esenciales, y se postergó todo avance o proyección a futuro.
Todos
recuerdan el pase de grado o año por decreto a los escolares afectados por los
meses de paro docente. Algo que impactó fuertemente en el nivel educativo de
los estudiantes y se notó años después en sus rendimientos académicos.
Fueron meses
muertos para el desarrollo provincial, y en tan solo cuatro meses, se
retrocedió dos décadas, que en materia de desarrollo fueron cincuenta años.
Así y todo,
los tiempos electorales apresuraron los alineamientos, y curiosamente, el
candidato a presidente del PJ Eduardo Duhalde recibió el apoyo del nuevismo y
de Perié al mismo tiempo, en las presidenciales de ese año.
Para octubre
ya se sabía que Fernando de la Rúa sería el nuevo presidente y se agilizaron
los tiempos para hallar una solución a la correntina, con una nueva Coalición
en un nuevo escenario político con
gobierno radical.
X – El anticipo del 2001
Al no haber
ya los números para la destitución de Braillard Poccard y de su vice, y con el
ánimo de no dar marcha atrás, sumado al fracaso económico del gobierno de
Perié, en diciembre se tejieron soluciones vía la nueva composición de la
Legislatura, y la posibilidad de armar un nuevo gobierno que retomara los hilos
de la provincia, con la presencia del nuevismo en el nuevo esquema de poder.
No hizo
falta. Perié abrió las puertas a una Intervención Federal, se retrasaron más
los sueldos, lo que enfervorizó a los acampantes que sobrevivían aún en la
Plaza 25 de Mayo e hizo que se posicionaran cortando el Puente General
Belgrano.
El nuevo
gobierno nacional vio la oportunidad: Un 17 de diciembre reprimió ferozmente
con la Gendarmería, desde la Coalición saliente se armaron grupos de choque y
las balas silbaron en una noche oscura, la que precedió a la llegada con mano
dura del ex gobernador perdidoso en Córdoba, Ramón Bautista Mestre y una camada
de cordobeses, quienes arribaron al fin del 99 con las promesas de las arcas
llenas. Lo que no dijeron, es que venían por todo, para dejar papelitos de
color marrón sembrados en toda la economía representando a un gobierno que se
moría antes de comenzar.
Pero esa es
otra historia, otro siglo y otro escenario, que iba a ser peor, CECACOR
mediante, y que culminó con un gobierno nacional que huyó en helicóptero, casi al
igual que la Coalición que gobernara Corrientes en ese fatídico fin de 1999.
